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«La falsa transparencia en tiempos de Covid-19»
9 de abril de 2020
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Desde que se aprobó la Ley de Transparencia (2013, la española; un año más tarde la catalana), la norma legal se ha ido cumpliendo más o menos. La transparencia ha existido, más o menos, porque las administraciones han presentado sus portales donde, más o menos, iban publicando datasets.

En los últimos años, los responsables han lucido –en congresos y citas especializadas– cifras de conjuntos de datos publicados que eran, más o menos, útiles para una población todavía poco exigente.

Pero en tiempos de Covid-19 se está comprobando que la ley de Transparencia sirve de muy poco. Con una presencia constante de los datos oficiales sobre muertos, afectados y recuperados –por barrios, ciudades, regiones o países– la ciudadanía exige ahora más información pública.

Estos días se ha reclamado saber quiénes son las personas expertas del Ministerio de Sanidad que decidirán com será el desconfinamiento. Es lógico: de sus decisiones dependerán nuestras actuaciones y limitaciones durante los próximos meses. Y la respuesta ha sido una negativa incomprensible: “La presión que pueden recibir estas personas es tan fuerte –de la sociedad, en general, y de los medios de comunicación– que les impedirá trabajar con libertad”.

¿Es ésta la respuesta más acertada que puede dar un gobierno que tiene una Ley de Transparencia que promueve el derecho a saber? Se pide a la ciudadanía que confíe a ciegas, porque no da ningún tipo de explicación: ni de quiénes son estas personas, ni cómo han sido los procesos de selección. Tampoco se podrán consultar los documentos resultantes de sus evaluaciones.

Información ¿pública?

Con este artículo he decidido sumarme a las voces que –en la súltimas semanas– reclaman información pública necesaria. La ONG Access Info Europe–un referente en la defensa del derecho a saber– ha solicitado los nombres y perfil profesional de los integrantes del Equipo Técnico encargado de la desescalada del confinamiento. También ha pedido los informes y actas emitidas por el Comité Científico Técnico desde la fecha de constitución (marzo 2020) hasta hoy.

Ismael Peña-López (actual director general de Participación ciudadana y procesos electorales de la Generalitat) preguntava en Twitter:

Y a continuación cita experiencias internacionales más transparentes como las de Dinamarca o Gran Bretaña.

También quiero incluir las quejas manifestadas por el experto en Transparencia informativa, Miguel Ángel Blanes. Fue de los primeros en alertar que “los plazos de les solicitudes de petición de información pública quedaban suspendidos por el estado de alarma, incluidas las relacionadas con la gestión de la COVID-19”.

El real decreto 463/2020 (del 14 de marzo) por el cual se declaraba el estado de alarma incluye “la suspensión de los plazos administrativos”. Lo que quiere decir que la respuesta no llegará en 30 días (como estipula la Ley de Transparencia), pero tampoco se sabe cuándo.

¿El motivo? Porque la información reclamada está almacenada en ordenadores centralizados y no se puede acceder en remoto a ella. Como los funcionarios no acuden a su lugar de trabajo, no se pueden tramitar las peticiones. Parece mentira que en el siglo XXI, los sistemas informáticos de las administraciones públicas no estén preparados para ejercer estas obligaciones con la ciudadanía a distancia.

Por otro lado, Blanes también critica que ningún portal de transparencia publique los contratos adjudicados de emergencia por el Ministerio de Sanidad. Lo que resulta realmente grave, porque desconocemos dónde se está inviertiendo dinero público y para qué. Y, aunque lo preguntemos (como se ha explicado arriba) tampoco nos lo dirán.

Mapa de l’accés a la informació per països. Font: Rating Global Right to Information

Según Acces Info Europe , “la contractación de emergencia puede saltarse los procedimientos marcados por la ley. La única condición que ha de cumplir es que su ejecución sea un plazo no superior a un mes”.

El Consejo de la Unión Europea decidió continuar procesando las solicitudes, y cumplir els los plazos también durante la crisis. ¿Por qué no lo hace el gobierno español? Desde la web Covid-19 Trackerse pueden seguir las medidas adoptadas por diferentes gobiernos del mundo. Access Info alerta que “es muy preocupante que países europeos hayan suspendido el derecho a saber”.

Irlanda, Nueva Zelanda, Canadá o Australia consideran importante– en un momento de crisis global– potenciar la transparencia para ganar la confianza de la ciudadanía. Sin transparencia no hay confianza. Y… ¿qué gobierno se puede permitir perder la confianza de su ciudadanía?

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Karma Peiró

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